La ley de universidades de Ayuso podría multar con hasta 100.000 euros a protestas no autorizadas

Un borrador de la nueva ley regional de universidades de la Comunidad de Madrid plantea la interposición de multas que van desde los 15.000 euros hasta los 100.000 euros por la realización de «manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus» o por «permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias».

El documento, adelantado por El País, también incluye multas de entre 300 y 15.000 euros por «colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización, o arrancar los que hayan sido debidamente autorizados». Son una docena de supuestos los que recoge este texto en los que se se incurriría en infracciones muy graves como «no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en los campus, especialmente la libertad de expresión y de cátedra», con multas de entre 100.000 euros y un millón de euros.

Así, en este apartado se incluye «ejercer o amparar, por acción o por omisión, cualquier forma de censura, discriminación o persecución por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, religión, edad, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» o también «impedir o dificultar la acción legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del campus universitario».

También se señalan otros supuestos que incurrirían en una sanción muy grave, como «no cumplir o permitir que se incumpla la Constitución y que se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario».

Este tipo de actos podrá acarrear consecuencias más allá de las multas económicas, tales como el cierre total o parcial de las instalaciones, la suspensión de la actividad cuando la infracción suponga «un daño irreparable a los estudiantes» o la inhabilitación total o parcial durante un periodo de tiempo nunca superior a cinco años.

En cuanto a las infracciones graves, más allá de la realización de manifestaciones no autorizadas, también se recogen otras acciones, como «permitir la ocupación de cualquier lugar del campus o que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias». El «vandalismo» contra las instalaciones y edificios también podrá ser sancionado con hasta 100.000 euros.

Por último, las infracciones leves, entre las que se encuentra la colocación de pancartas, también sancionarán «la falta de decoro institucional o la falta de respeto leve al personal universitario y a la labor docente o a los alumnos».

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido que el nuevo borrador de la ley regional de universidades «no solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que viene a garantizarlas».

Así lo ha expresado este miércoles el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que ha señalado que «el régimen sancionador da herramientas a las universidades para poder hacer efectiva la autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales».

La presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado la declaración de su consejero con un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), en el que ha mencionado que «esta es la verdad del borrador del proyecto de Ley de Universidades».

El borrador publicado este miércoles desarrolla varios aspectos que el Gobierno regional había ido anunciando durante los últimos meses y que se habían conocido en textos anteriores, aunque concreta el dinero con el que se multará las distintas acciones.

A lo largo del último año se han sucedido acciones en los campus universitarios que encajan dentro del régimen sancionador propuesto en el borrador, como la acampada y las manifestaciones en defensa de Palestina que se produjeron en verano del año pasado y que también se han replicado este año o los incidentes ocurridos con los actos en la universidad en los que iban a participar el exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros y la portavoz en la Asamblea del mismo partido, Isabel Pérez Moñino.

La nueva ley regional de universidades, conocida bajo el nombre de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), lleva meses negociándose entre la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y los rectores de las seis universidades públicas.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades avisa de que la propuesta de la Comunidad de Madrid sobre su futura Ley de universidades contiene «elementos preocupantes» que podrían invadir competencias del Estado.

Fuentes del Departamento que dirige Diana Morant han precisado que el Ministerio no conoce oficialmente el borrador de la norma madrileña, que se ha conocido este miércoles por la prensa y al que ha hecho referencia el consejero Emilio Viciana.

Cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid haga público el texto, los servicios jurídicos del Ministerio lo analizarán minuciosamente para defender la autonomía universitaria protegida por la Constitución Española.

Desde el Ministerio señalan que el Gobierno va a proteger a la Universidad Pública española, velando porque se respete la libertad de expresión y de manifestación en sus campus, así como exigiendo una correcta financiación por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en esta materia.

También recalcan que es llamativo que la Comunidad de Madrid «esté más preocupada por cómo sancionar a las Universidades que de cómo financiarlas mejor».

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha subrayado en declaraciones a los medios en la Residencia de Estudiantes que el Gobierno está «impulsando, apoyando y defendiendo la universidad pública».

«No me llama la atención, ni me sorprende, que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiera poner multas a quienes se manifiesten. Ella defiende el refuerzo de las universidades privadas y yo lo que defiendo es que tengamos todas las mismas igualdades y que no quien tenga mayor nivel económico pueda acceder a másteres y estudios universitarios dejando o relegando a quienes no tienen esos fondos económicos», ha aseverado Torres.

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