Ocho años y medio de cárcel para el anciano que reconoció que violaba a su propia hija tetrapléjica

Un hombre de 89 años reconoció ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que violó de forma sistemática durante cinco años a su hija en situación de tetraplejia, con una discapacidad reconocida del 98% y a la que cuidaba. De esta forma, aceptó una condena de conformidad de ocho años y medio de cárcel -que no cumplirá debido a su avanzada edad y su estado de salud- y el pago de una indemnización de 35.500 euros.

El acusado, Agustín Viera, que prestó declaración junto a su letrada por videoconferencia desde la residencia de mayores Taliarte -en Telde- donde vive, se enfrentaba a una petición de condena de 10 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con prevalencia por tratarse de su hija, que el fiscal Antonio Amor y la letrada de la acusación particular en representación de la víctima -Silvia González Vicente- rebajaron al reconocer los hechos.

El procesado, además, no podrá comunicarse ni acercarse a su hija durante un periodo de 15 años y deberá asistir a cursos formativos y de educación sexual durante ocho años, según la condena que ha aceptado ante el tribunal presidido por el magistrado Emilio Moya Valdés.

Según las acusaciones, los hechos se habrían producido de forma continuada entre los años 2017 y 2022, durante los cuales la víctima, en situación de tetraplejia, requería ayuda permanente para las actividades más básicas de su vida diaria. Sin ir más lejos, necesitaba siempre la ayuda de terceros para levantarse, asearse, vestirse y pasear.

El relato reconocido por el ya condenado sostiene que, aprovechando su rol de cuidador y la extrema dependencia de su hija, habría cometido múltiples actos de índole sexual sin consentimiento, incluyendo tocamientos, penetraciones digitales y supuestas felaciones inducidas.

Como consecuencia de los hechos, la víctima habría desarrollado un trastorno adaptativo prolongado y un trastorno depresivo mayor cronificado, con una secuela valorada en 15 puntos y una fase de estabilización de 180 días.

La abogada de la acusación particular, Silvia González, declaró a los periodistas a la salida del juicio que el reconocimiento de los hechos supone «algo de tranquilidad» para la víctima, quien reside en un centro y está bien atendida, y que con las posibles ayudas que reciba podrá vivir lo mejor posible «dentro del calvario que ha tenido que pasar».

Según publica 'Canarias7', la letrada indicó que el acusado ya reconoció los hechos en la fase de instrucción durante una de las indagatorias y manifestó que, aunque irá a la cárcel, debido a sus condiciones físicas, probablemente no cumpla la pena privativa de libertad aunque sí las accesorias.

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