Más jueces y fiscales para atajar el atasco de los juzgados de violencia contra la mujer

El atasco en los juzgados de violencia sobre la mujer ha llevado al Gobierno a reforzar estas salas a partir de otoño con 50 nuevos jueces y 42 fiscales, aunque la previsión es que estén a pleno rendimiento a finales de 2025. En consonancia con el análisis de las nuevas cargas de trabajo por cada territorio detectadas por el CGPJ, el real decreto del 3 de junio prevé asignar diez nuevas plazas a Andalucía, seguida por Madrid, con seis, y la Comunidad Valenciana, con cinco. Cataluña, Galicia y Canarias contarán con cuatro nuevas plazas cada una, mientras que Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura dispondrán de tres plazas. Murcia y Castilla y León tendrán dos plazas más cada una y, finalmente, Aragón, Asturias, Cantabria y Euskadi recibirán una plaza.

Se trata de una medida impulsada por el Ministerio de Justicia, y diseñada junto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pretende reforzar los juzgados de violencia sobre la mujer para que puedan asumir a partir de octubre todos los casos contra la libertad sexual de las españolas. Hasta ahora estos juzgados, además de todos las denuncias de violencia de género, solo perseguían los delitos sexuales contra las mujeres causados por sus parejas o exparejas.

La violencia de género causó la muerte de una mujer cada 7,6 días durante 2024, según los datos del CGPJ de hace unos días. De media, tenían 44 años (entre 15 y 76 años) y vivían con su pareja o ex (66,7%). La mitad era de nacionalidad española y su ausencia dejó 40 huérfanos menores de edad. A pesar del dramático dato, el año pasado registró la cifra más baja de muertes de mujeres. El año pasado, comparado con el conjunto reunido desde hace 22 años, hubo un claro descenso de asesinatos machistas. Entre 2003 y 2013 se producían 65,9 de media y en los diez años siguientes el promedio anual fue de 52,4.

Sin embargo, a pesar de bajar 17% con respecto a 2023, se trata de «una cifra intolerable que evidencia la necesidad de seguir manteniendo y perfeccionando las políticas de protección pública a las víctimas de violencia de género».

Un tercio de las mujeres había denunciado a sus agresores (15 de las 48 asesinadas), pero ocho mantenían la convivencia con su agresor en el momento del crimen, a pesar de que en cinco casos existía una medida de alejamiento en vigor. Las denunciantes tenían una media de 40 años (entre 26 y 45 años).

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género contrapone esta realidad con otra: en el mismo periodo, solo cuatro hombres fueron asesinados por sus parejas o ex (mujeres) en un contexto de violencia doméstica. Doce veces menos. No hubo este tipo de crímenes entre parejas homosexuales.

La nueva estructura judicial es un mandato de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada este año, y de la ley del 'solo sí es sí', vigente desde 2022, que amplía la competencia de estos juzgados especializados a todos los delitos contra la libertad sexual previstos en el Código Penal y a los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual con víctimas mujeres. Además, también asumirán los delitos de violencia contra la infancia y la adolescencia cuando estén vinculados a un caso de violencia machista.

El Real Decreto amplía en 50 plazas los jueces de esta especialidad, de las cuales 42 son de nueva creación y las otras ocho el resultado de la transformación de juzgados de instrucción a juzgados de violencia sobre la mujer en el mismo partido judicial. Cada nueva plaza de juez va acompañada de la creación de otra de fiscal especializado, sumando así 42 nuevos especialistas en la plantilla del Ministerio Público.

La mayoría de las plazas creadas hoy comenzarán a funcionar el 31 de diciembre próximo, coincidiendo con la implantación de la nueva estructura judicial en tribunales de de instancia y secciones especializadas, y supondrán un aumento de los juzgados de violencia sobre la mujer próximo al 45%, dado que hoy existen 116 en todo el país.

La ampliación de juzgados de esta especialidad se basa en el estudio realizado por el CGPJ, que preveía que el aumento de las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer iba a suponer de media un 13% más de carga de trabajo en todo el país. De hecho, 135 jueces especializados en violencia de género de toda España firmaron en marzo pasado una carta en la que aseguraban que con el cambio legal la carga de trabajo iba a aumentar un 20% y que si no se creaba un número suficiente de nuevos juzgados especializados se dirigían a un «colapso total»., Barcelona y Málaga.

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